La persona diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer se enfrenta a una condición que es progresiva, degenerativa e incapacitante, en especial en las últimas etapas de la misma. Se caracteriza por la pérdida progresiva de la memoria y de la capacidad cognitiva (pensar, razonar, problemas con el lenguaje, desorientación en el tiempo y espacio, deterioro del juicio) y cambios en la personalidad. Va perdiendo destrezas en la atención de su persona y de las actividades del diario vivir tales como, dificultades en hacer tareas que le son familiares, problemas con el lenguaje, falta de iniciativa, cambios en el estado de ánimo y la conducta.
A veces, los familiares enfrentan el dilema de que esa persona debe tomar unas decisiones pero ya no es capaz de administrar su persona y sus bienes. Ese momento va a llegar de todas formas y, por eso, es importante tomar medidas para esta eventualidad.
Lo ideal es que, al tomar decisiones por la persona con la enfermedad de Alzheimer, las mismas se acerquen lo más posible a sus creencias, costumbres y estilo de vida. En etapas tempranas de la enfermedad se deben tomar decisiones con la persona afectada en áreas claves tales como, quién le acompaña al médico, supervisión de medicamentos, alimentación, limpieza del hogar, administración de sus bienes e ingresos, transportación cuando no puedan manejar, reubicación cuando no puedan vivir solo o sola e identificar documentos importantes y, si es posible, guardar una copia de los mismos (tarjeta de salud, acta de nacimiento, tarjeta electoral, pasaporte, cuentas bancarias, propiedades, acta de matrimonio, testamento y directrices avanzadas entre otros).
Con una planificación adecuada, quienes sufren la enfermedad mantienen una cierta dirección sobre sus intereses cuando pierden la capacidad para tomar decisiones y el trabajo del familiar a cargo se hace más llevadero. Si otras personas muestra su disconformidad con lo decidido o si el que padece la enfermedad empeora y no puede tomar decisiones, la familia puede buscar diversos servicios de mediación que ofrece el estado. Existen las oficinas de mediación de conflicto en la Administración de Tribunales, y el Programa PROSPERA, en el Departamento de la Familia.
(tomado de El Nuevo Día, 4 de septiembre, 2011, página 48)
